Los 9.000 millones de ayudas que puede recibir la entidad solo alcanzan el 58,6% de sus necesidades de provisiones
Miércoles 22 de octubre de 2014
07/02/2012. Economía ha tenido que salir a justificarse. Lo hace antes de que este martes le pidan explicaciones en el Congreso de los Diputados al responsable del Ministerio en su primera comparecencia ante los representantes de la voluntad popular para explicar los objetivos de su departamento.
En el sector no han pasado inadvertidas que dos de las primeras decisiones del Ejecutivo en materia de cajas sean favorables a los intereses de Bankia. La primera de ellas, según publicaba el BOE del 30 de diciembre, ha consistido en la modificación de la ley de cajas por el nuevo gobierno. Con la reforma, se evitó que algunas de las cajas todavía existentes pasaran a convertirse en fundaciones y en esa condición a depender de la tutela de los Gobiernos respectivos. Con la modificación seguirán siendo cajas de ahorros aunque tengan menos del 50% de las acciones del banco que gestione su negocio financiero.
Las cajas que, por motivos relacionados con emisiones de bonos o recapitalizaciones, pasen a controlar menos del 50% del capital de sus bancos, dejarán de correr el peligro de convertirse en fundaciones siempre que tenga el control de la gestión.
El peligro consiste en que una caja reducida a fundación pasaría a estar controlada por el gobierno autónomo respectivo, a la vez que sólo tendría margen para manejar los activos relacionados con la obra social de la entidad.
Esta medida, capitaneada por Luis de Guindos, se enmarca en los planes del nuevo gobierno para reestructurar el sector financiero.
La segunda medida es la que permite que cajas con ayudas del FROB puedan acudir a las subastas para hacerse con otras entidades intervenidas.
Tal se ha puesto la cosa en el ámbito económico y en el político, que antes de que comparezca el ministro de Economía ante la Comisión del Congreso de los Diputados, el ministerio ha optado por aclarar que su objetivo es que todas las nuevas fusiones sean viables.
El Gobierno aclara que analizará que las nuevas fusiones, para las que habrá apoyo público, tienen sentido. Y en el caso concreto de si la cláusula diseñada para que Bankia cuente con dos años para realizar su saneamiento si se hace con Unnim, entidad por la que ha optado según confesaba el propio Rodrigo Rato, el ministerio de Economía ha asegurado que no se trata de un traje a medida.
Según Economía, si una entidad entra en un proceso de fusión viable y requiere un préstamo, podrá recibir un máximo de fondos públicos equivalentes al 2 % de sus activos de riesgo. Esta cifra está lejos de las necesidades que tiene Bankia de acuerdo con los cálculos estimados por el servicio de estudios del BBVA que los cifra en más de 16.000 millones de euros.
En cambio según los últimos datos publicados por la revista The Banker, elaborados antes de haberse desprendido de los activos que ha venido realizando a lo largo de este año, el 2% supone 9.677 millones de euros.
Si las operaciones financieras necesarias para sanear el sector requirieran elevar la deuda pública, tendrán que contar con el visto bueno del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Un importante juego de control de poderes que tratará de explicar con detalle el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.