Miércoles 22 de octubre de 2014
15, 01, 2012. Pese a las profundas diferencias que mantiene el sector con el anteproyecto del ministerio de Economía sobre la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, en fase de audiencia pública hasta el 7 de febrero, en cambio están muy satisfechos de que De Guindos haya rectificado y no lo haya planteado de nuevo como un Real Decreto Ley para los que daba unas horas para que el sector lo mirara.
El caso es que Economía ha aprovechado la nueva visita de los inspectores del Fondo Monetario internacional para realizar su segundo informe sobre el sector, así como la llegado del resto de hombres de negro de la troika para someter a consulta pública la nueva ley de cajas, que dará el toque de gracia al sector. Eso sí, salvo los casos de dos pequeñas entidades, Caixa Pollença y Caixa Ontinyent, que podrán servir para que los historiadores del sistema financiero español siempre tengan una muestra de cómo podría haber actuado el sector para sobrevivir.
Todavía no sabemos bien lo que hemos dejado morir, aunque más de uno ya está sufriendo las consecuencias. Y aunque la aprobación de la nueva norma es una de las condiciones impuestas por Bruselas para la concesión de los más de 40.000 millones de euros en ayudas públicas a una parte de la banca, principalmente antiguas cajas de ahorros, todo podría haber sido de otra forma.
Pese a que se quiere restar importancia a la nueva norma, no se puede ignorar que aunque han caído gigantes como Caja Madrid, la CAM o Bancaja, todavía quedan entidades muy importantes a las que le va a afectar la futura ley, que podría entrar en vigor entre finales de 2013, pues la norma obliga a todas las cajas, salvo a las menores de 10.000 millones de euros en activos, a convertirse en fundaciones bancarias.
Aquellas entidades que controlen más del 30% de un banco, como es el caso de “la Caixa”, las tres cajas que controlan Kutxabank, Ibercaja, Unicaja y Liberbank, se mantienen dudas en el caso de BMN pese a los apoyos del titular de Economía, deberán hacerlo en un plazo de un año desde que se apruebe la norma. Así será previsiblemente antes de finales de 2014.
Para las que tengan un porcentaje menor la obligación se cumple en cinco meses. Pero quedan todavía muchos flecos que deberán resolverse durante el tiempo de consulta y sobre todo durante la tramitación parlamentaria.
La incompatibilidad que impedirá a los patronos de las fundaciones bancarias sentarse en el consejo de sus bancos no afectará a los directivos. El desarrollo del fondo de reserva y la supervisión de las fundaciones también está por definir.
Así, el proyecto obligará a las entidades que controlen más del 10% de un banco, en la práctica todas las cajas, menos la de Pollença y Ontinyent, a convertirse en fundaciones bancarias.
El punto que más desagrada al sector es el del régimen de incompatibilidades previsto entre los que sean miembros del consejo de las fundaciones, el patronato, y el del consejo de administración del propio banco.
A diferencia de lo que ahora sucede no podrán estar en ambos consejos, como ocurre con Isidro Fainé, que preside tanto La Caixa como CaixaBank. Según el sector, si la fundación es dueña de la entidad debería poder sentarse a gestionarla.
Como queda por resolver quien fiscalizará la labor de las fundaciones bancarias y quien nutrirá el fondo de reserva que deberán crear las fundaciones que controlen más del 50% de un banco. Las cajas advierten que, dependiendo de las cuotas y el calendario que establezca el Banco de España, nutrir esta bolsa podría acabar con los fondos destinados a la obra social. Sería la última vuelta de tuerca que acabara con la imagen y el origen de las cajas. Qué triste final.
Salgado hace pagar a la banca los errores de Ordóñez
El Gobierno une los fondos de garantía para que la banca pague la reestructuración
7,10, 2011. José Hervás. El Gobierno ha decidido trasladar a los bancos las eventuales pérdidas vinculadas al saneamiento y recapitalización del sector financiero. Resulta comprensible que no quiera que lo tenga que pagar el conjunto de los españoles, ni que suponga un incremento de déficit público. Pero alguna responsabilidad debería dejar que pagara quien ha sido el responsable de la supervisión durante los últimos años y se las han dado todas en el mismo lado. Comprensible que quiera que las eventuales pérdidas de la recapitalización del sector recaigan sobre los bancos. Hay un clamor contra las injustificables remuneraciones del sector, y en especial en aquellas entidades que han dejado quebradas, pero ¿no hay más responsables? Por supuesto que los hay. Aunque no se les haya querido señalar. Porque como siempre dicen los banqueros, los costes que tengan que asumir los bancos los pagarán los clientes. Aunque el lobby de la banca no se atrevía ayer a señalar al Banco de España, sino a las cajas, de las que decía, con críticas, que tiene que sumir sus errores
Elena Salgado anunciaba este jueves que el sector financiero va a asumir la totalidad de los costes que pueda ocasionar el proceso de saneamiento de reestructuración de los bancos y cajas. El Gobierno aprobará en un próximo Consejo de Ministros la unificación de los fondos de garantías de depósitos a través de un real decreto ley, que será convalidado por la Diputación Permanente del Congreso.
Para ello ha decidido que los tres fondos de garantía de los depósitos de los bancos, de las cajas y de las cooperativas se van a unir en un fondo único, el Fondo de Garantía de los Depósitos que será el garante de las podridas sufridas por el Fondo de Reestructuración Bancaria.
La vicepresidenta ha dejado claro que la modificación se hace para que si resultara preciso, el nuevo fondo aporte más recursos para sanear las entidades, sin que afecte al déficit público ni conlleve coste alguno para el contribuyente.
Así, el nuevo fondo, con un patrimonio de 6.593 millones aportados por las entidades, proveerá de garantías al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, creado con dinero público, para asumir los costes ocasionados por el saneamiento y la reestructuración del sistema financiero.
El nuevo Fondo de Garantías mantiene sus funciones de cubrir un eventual impago de los depósitos de los clientes, hasta un máximo de 100.000 euros por usuario y entidad. También podrá llevar a cabo operaciones para forzar la solvencia de las entidades en dificultad.
La novedad está en que este fondo asumirá las pérdidas que puedan surgir como consecuencia del saneamiento de las cajas a las que el Estado prestó dinero para su reestructuración y en las que inyectó 7.551 millones a cambio de ser accionista.
En la práctica los fondos de los bancos y las cooperativas de crédito tendrán que participar en el saneamiento de las deficiencias de las cajas, algunas de ellas con gravísimos problemas pese a la obligación de supervisión del Banco de España, entidad que, al menos de momento, se marcha de rositas de esta crisis.
El nuevo fondo, evitará que se produzcan pérdidas para el erario público si el Estado vende su participación en una entidad por debajo del precio de compra.
La diferencia la pondrá el nuevo Fondo de Garantía, una vez descontados los intereses que pudiera recibir el Estado por el dinero prestado a las cajas a lo largo del proceso de reestructuración.